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El derecho al olvido y sus cuestiones judiciales

El derecho al olvido y sus cuestiones judiciales

El llamado derecho al olvido es una de las controversias jurídicas de mayor calado que se están dando en el mundo digital. En el anterior artículo ya comentaba, que la decisiones que los órganos judiciales y administrativos de control de la protección de datos tenían que tomar en materia de privacidad, pueden condicionar el modo de proceder de las redes sociales y los buscadores. El derecho al olvido no es otra cosa que una variante o modalidaddel derecho de oposición consagrado por la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, como uno de los derechos que amparan a todo titular de datos de carácter personal y que, por ello, puede ser ejercitado ante el responsable del fichero o el encargado del tratamiento que se realice sobre los mismos.

La problemática viene cuando, en un buscador, se encuentran hechos o noticias que seindexan a partir de fuentes accesibles al público, como son los medios de comunicación o los boletines oficiales. Primero nos encontramos con la colusión con el derecho a la comunicación del Art. 20 C.E. y luego con la propia consideración de libre acceso a aquellos datos contenidos en las fuentes públicas. ¿Puede ser esto absoluto?, ¿existe algún punto equidistante entre todos los legítimos derechos protegibles y amparables?

El día 26 de febrero, tendrá lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el Tribunal de Luxemburgo) la vista que estudiará una batería de cuestiones prejudiciales sobre el ejercicio de los derechos de oposición y cancelación de derechos personales ante buscadores de Internet. Estas cuestiones se plantean a raíz de una demanda presentada por Google contra la Agencia Española de Protección de Datos. Así, la Audiencia Nacional, dentro de la tramitación de esta demanda, ha remitido al señalado Tribunal algunas cuestiones de interpretación técnica de la regulación (la Directiva europea de protección de datos) respecto de la facilidades que otorga Google. De lo que aquí resulte, podemos obtener una visión de cómo se va a orientar en el futuro próximo muchas situaciones de privacidad en la Red, ya que las decisiones que tome el Tribunal serán vinculantes para todos los tribunales nacionales de los estados miembros de la U.E.

La AEPD ha venido amparando a aquellos ciudadanos que han reclamado ante Google la eliminación de algún tipo de contenido indexado por esta, por lo general vinculados a antigua información que ha perdido su relevancia y que, en todo caso, esta es negativa para el reclamante o también, resoluciones judiciales que pudieran ser perjudiciales, su simple indexación por el buscador hace que el alcance de difusión de la misma sea mucho mayor que su mera publicación en el boletín oficial al caso.

Google defiende su "derecho a enlazar”, como libre derecho a comunicar y se ampara en que su misión no es publicar información, sino difundir la información que la fuente originaria publicó y ante quien entiende se debe ejercer esos derechos de oposición y/o cancelación. Por otra parte también alega que, quien quiera reclamarles, lo tendrá que hacer ante los tribunales de Estados Unidos, de California en concreto que es donde se encuentra su sede social, pero esto es harina de otro costal …

¿Quién tendrá razón?

Escrito el  25 Feb 2013 9:43 en Legal  -  Enlace permanente

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